Diputada Lidia Pérez somete leyes para eliminar la prisión por opinar
SANTO DOMINGO. Una nueva batalla legislativa se abre en el Congreso Nacional. La diputada por Puerto Plata, Dra. Lidia Esther Pérez de Taveras, sometió este miércoles un proyecto de ley para modificar varios artículos del nuevo Código Penal que, según advierte, podrían convertir opiniones, críticas y publicaciones en redes sociales en asuntos penales.
La propuesta busca reformar nueve artículos de la Ley 74-25 antes de que entren en vigor, con el objetivo de evitar que periodistas, ciudadanos, activistas o usuarios de redes sociales puedan enfrentar prisión por expresar opiniones o cuestionar a funcionarios públicos.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar”, afirmó la legisladora al depositar la iniciativa ante la Cámara de Diputados.
Adiós a la cárcel por difamación
Uno de los cambios más relevantes elimina las penas de prisión por difamación e injuria, sustituyéndolas por multas y mecanismos de reparación civil. Además, la propuesta establece que cuando se trate de funcionarios públicos o asuntos de interés general, solo existiría responsabilidad si se demuestra que la información fue difundida sabiendo que era falsa o con desprecio evidente por la verdad.
Críticas a funcionarios no serían delito
La iniciativa también elimina el polémico delito de ultraje a funcionarios públicos. De ser aprobada, las críticas, caricaturas, comentarios, publicaciones o expresiones dirigidas a autoridades no podrían ser castigadas penalmente.
Las sanciones quedarían reservadas para amenazas reales, graves y comprobables.
Redes sociales bajo la lupa
Otro de los puntos centrales redefine los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying. El proyecto exige pruebas de conductas reiteradas, graves y con daños verificables para evitar que simples opiniones, sátiras o denuncias públicas sean utilizadas como base para procesos penales.
Sin embargo, mantiene penas severas cuando las víctimas sean menores de edad o cuando se divulgue contenido íntimo sin consentimiento.
Mano dura contra chantajes y amenazas
La propuesta no elimina sanciones para conductas consideradas peligrosas. Por el contrario, conserva castigos estrictos contra la extorsión, las amenazas violentas y el uso de redes coordinadas o cuentas falsas para chantajear o intimidar personas.
“Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos”, sostuvo Pérez.
¿Choque constitucional en camino?
La diputada advirtió que algunos artículos del nuevo Código Penal podrían enfrentar impugnaciones constitucionales por posibles conflictos con la libertad de expresión. Según explicó, la reforma busca evitar que el país llegue a un escenario donde los tribunales anulen disposiciones enteras de la legislación.
La congresista recordó además que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han recomendado eliminar las penas de prisión para delitos relacionados con expresiones y opiniones.
Ahora la iniciativa pasará al estudio de las comisiones legislativas, donde comenzará un debate que promete enfrentar dos visiones: quienes consideran necesario endurecer las sanciones para proteger el honor y la reputación, y quienes defienden que ninguna democracia sólida puede enviar ciudadanos a prisión por criticar al poder.
