¡JCE explica! : “Cada viaje debe responder a una finalidad institucional”
SANTO DOMINGO. — La Junta Central Electoral (JCE) decidió poner los puntos sobre las íes frente a las publicaciones que han cuestionado los viajes al exterior de miembros de su Pleno, los viáticos utilizados y una capacitación sobre ciberseguridad realizada en España.
En una comunicación dirigida al director de Diario Libre, Aníbal de Castro, el Pleno de la JCE defendió la legitimidad de fiscalizar el gasto público, pero rechazó que esa fiscalización termine convirtiéndose en insinuaciones sobre la conducta de sus funcionarios.
El planteamiento central de la institución es sencillo: los viajes pueden ser cuestionados, pero deben evaluarse tomando en cuenta para qué se realizaron, qué resultados produjeron y bajo qué reglas fueron autorizados.
El viaje a España que encendió la polémica
Uno de los puntos abordados por la JCE fue la participación de miembros de la institución en un programa de capacitación en ciberseguridad celebrado en León, España.
La institución rechazó las insinuaciones contenidas en informaciones que cuestionaban los viáticos utilizados y la naturaleza del viaje.
La JCE sostiene que es legítimo preguntar cuáles fueron los objetivos de una capacitación, quiénes participaron y qué beneficio representó para la institución.
Lo que considera improcedente es sustituir esas preguntas por insinuaciones sobre la conducta de los funcionarios o sugerir que la misión tuvo una finalidad diferente de aquella para la cual fue autorizada.
Y hay un elemento que la JCE considera especialmente relevante: la institución administra información sobre millones de dominicanos y tiene bajo su responsabilidad sistemas tecnológicos esenciales para la organización de las elecciones.
Desde esa perspectiva, sostiene que la ciberseguridad no puede ser considerada un asunto secundario para un organismo encargado de proteger información y procesos electorales.
¿Y los viáticos?
Aquí aparece uno de los puntos más sensibles.
La JCE cuestiona que se comparen sus viáticos con los establecidos por organismos de Estados Unidos, la Unión Europea o el Tribunal Supremo español sin determinar previamente qué conceptos cubre cada asignación.
La institución señala que una comparación basada exclusivamente en la cifra diaria puede resultar engañosa si no se establece si el monto incluye alojamiento, alimentación, transporte interno, impuestos u otros gastos.
Según la explicación ofrecida, los viáticos utilizados por la JCE se rigen por disposiciones establecidas desde el año 2005 y no por una norma creada específicamente para estas misiones.
Es decir, la discusión no debería reducirse únicamente a cuánto recibió un funcionario por día, sino también a qué gastos debía cubrir ese monto y cuál era la normativa aplicable.
El voto dominicano en el exterior: la otra cara de los viajes
La JCE también puso sobre la mesa un dato que ayuda a dimensionar la magnitud de las responsabilidades electorales fuera del país.
Actualmente, el organismo cuenta con 25 Oficinas de Servicio en el Exterior (OSE), incluyendo 12 oficinas satélites y cinco puntos fijos, para un total de 42 oficinas. Además, existen 24 Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), encargadas, entre otras funciones, del montaje de las elecciones en el exterior.
En ese contexto, la JCE explica que algunos miembros del Pleno tienen responsabilidades directas relacionadas con la coordinación de estos trabajos.
La magistrada Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, por ejemplo, coordina trabajos en el exterior relacionados con la organización electoral, mientras que el magistrado Samir Rafael Chami Isa tiene responsabilidades vinculadas a la Comisión de Juntas Electorales, Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Y las cifras son significativas: en los países correspondientes se encontraban empadronados 149,436 dominicanos.
Para la JCE, garantizar que esos ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto no es una actividad secundaria, sino parte de su responsabilidad constitucional.
La JCE rechaza una comparación que considera incompleta
La institución también cuestiona que se establezca una relación directa entre el costo de una misión preparatoria y la cantidad de votos emitidos posteriormente.
Según su posición, esa comparación por sí sola no constituye una medida adecuada para determinar la pertinencia o eficiencia de una misión.
La razón es que los trabajos de organización electoral en el exterior incluyen tareas preparatorias y administrativas que deben realizarse antes de que llegue el momento de votar.
“Cada peso utilizado debe poder explicarse”
La frase más contundente de la respuesta aparece hacia el final.
La JCE afirma que cada peso utilizado debe poder explicarse, que cada viaje debe responder a una finalidad institucional y que cada viático debe estar sustentado.
Pero la institución también reconoce algo fundamental: la fiscalización pública forma parte de una democracia saludable.
Su posición es que la crítica es legítima cuando busca determinar cómo se utilizan los recursos públicos, siempre que esté sustentada en hechos y se tome en cuenta el contexto de cada misión.
Ese matiz resulta importante.
La discusión no debería ser si una institución pública puede ser cuestionada —por supuesto que puede—, sino si las conclusiones sobre sus actuaciones se construyen a partir de todos los datos disponibles.
El desafío queda sobre la mesa
La JCE asegura que continuará cumpliendo su misión con transparencia y que permanecerá abierta al escrutinio público.
Al mismo tiempo, defiende la honorabilidad de sus miembros y reclama que los cuestionamientos se hagan sobre la base de hechos comprobables.
En una democracia, ambas cosas pueden coexistir: el dinero público debe ser fiscalizado y las instituciones también tienen derecho a explicar sus decisiones antes de que una sospecha sea presentada como una conclusión.
La pelota, por ahora, queda en la cancha de la transparencia: que cada viaje pueda ser explicado, que cada peso pueda ser documentado y que cada crítica pueda ser contrastada con los hechos.
